Cristina Fernández y más de cien empresarios fueron procesados

A la expresidente se le amplió el procesamiento con prisión preventiva y un embargo millonario. Lázaro Báez y Ángelo Calcaterra se encuentran en la nómina de ejecutivos acusados. Gianfranco Macri recibió la falta de mérito, y el fallo declaró extinguida la acción penal para el expresidente Néstor Kirchner, sobreseído por su fallecimiento.

Cristina Fernández, un grupo de sus exfuncionarios, encabezados por Julio De Vido, y más de un centenar de los principales empresarios de la Argentina que están involucrados en la causa de los cuadernos – entre ellos el primo del presidente Mauricio Macri Ángelo, Calcaterra– quedaron procesados en el marco de otra de las aristas de la investigación principal.

El juez Claudio Bonadio dictó los procesamientos por la causa de la cartelización de la obra pública, un caso que busca determinar si las empresas que fueron adjudicatarias de contratos entre 2003 y 2015 integraron una asociación ilícita.

En otro fallo similar, también procesó a la expresidente y otro grupo de empresarios por las coimas que se habrían pagado para obtener las concesiones de peajes. En esa causa, algunos de los empresarios involucrados recibieron la falta de mérito, entre ellos Gianfranco Macri, hermano del Presidente.

Franco Macri, el padre del jefe de Estado, había sido llamado a declarar en esta investigación, pero por su estado de salud no pudo hacerlo y falleció poco después. El fallo declaró extinguida la acción penal para el expresidente Néstor Kirchner, sobreseído por su fallecimiento.

Cristina Fernández ya está procesada como jefa de una banda que recaudó con los negocios del Ministerio de Planificación en los viajes que, para Roberto Baratta, hizo el chofer Oscar Centeno. El caso ya está por ir a juicio oral, pero lleva adelante varias causas paralelas que nacieron o se activaron después del expediente por las anotaciones de Centeno, entre ellas una por la cartelización de la obra pública y otra por coimas que habrían pagado las compañías beneficiadas por las concesiones viales. Esos dos expedientes se originaron por los dichos de arrepentidos en la causa principal.

Cartelización                         de la obra pública

Por esta investigación, el juez Bonadio amplió ayer el procesamiento de Cristina Fernández, con prisión preventiva, y dictó un embargo por 11.502.000.000 pesos. También se procesó a De Vido; al exsecretario de Obras Publicas, José López; al financista, Ernesto Clarens, y los exfuncionarios de Vialidad Nelson Periotti, Sandro Férgola, Hernán Passacantando y Germán Nivello.

De los empresarios –por pagar coimas– fueron procesados con prisión preventiva Gerardo Ferreyra, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, que ya están presos. Sin detenciones, se procesó a Osvaldo Acosta, Carlos Wagner, Aldo Benito Roggio, Hugo Eurnekián, Héctor Javier Sánchez Caballero, Ángelo Calcterra, Juan Carlos De Goycoechea y Juan Chediack. 

También quedaron procesados Cristóbal Nazareno López, hijo de Cristóbal, y Osvaldo De Sousa, hermano de Fablan. La lista de la cartelización alcanza el centenar de empresarios, mientras que para otros se dictó la falta de mérito –junto a la de Cristina, De Vido y otros– por no haberse podido acreditar el pago de coimas de algunas empresas investigadas.

Esta causa, conocida como la cartelización de la obra pública, comenzó por los dichos de arrepentidos. Carlos Wagner, que fue detenido al comienzo de la causa de los cuadernos, pidió un acuerdo con los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo para confesar que había organizado la cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo. 

Desde su rol como presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), explicó cómo armó un sistema para pagar coimas por las obras públicas que no eran sometidas a procesos de licitación sino que las propias empresas decidían los ganadores de los millonarios contratos. Involucró en ese esquema de negocios oscuros al exministro de Planificación Julio De Vido, que negó la acusación.