El fiscal aseguró que 'está comprobada la participación de Máximo Kirchner

  • Sabado, 06 de Agosto de 2022 | País

El fiscal federal Diego Luciani involucró al actual diputado nacional por el Frente de Todos Máximo Kirchner en la acusación por presunta corrupción en la obra pública otorgada a Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Luciani reconoció que por entonces el hijo de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, 'no tenía ningún cargo público'.

Pero mostró mensajes de Whatsapp extraídos del teléfono del ex secretario de Obras Públicas José López que consignaban un interés de Máximo Kirchner en una obra de construcción de 100 calles.

Los diálogos eran entre López y el ex diputado santacruceño Marías Bezi, amigo personal de Máximo Kirchner, y también con el entonces funcionario del Ministerio de Planificación Abel Fatala,  otro de los imputados en la Causa Obra Pública.

En uno de esos diálogos, López le hace saber  a Bezi sobre el avance de distintas obras en Santa Cruz y Fatala afirmó que Máximo Kirchner 'recorría las obras y pedía información sobre ellas'.

No aparecen en la documentación exhibida intervenciones de Máximo Kirchner, no obstante lo cual para el fiscal 'es más que claro que tenía conocimiento de lo que pasaba en Santa Cruz'.

La afirmación pareció anticipar que Luciani pedirá que se investigue al diputado Kirchner por una supuesta 'coordinación' con el resto de los imputados.

'La orden de realizar esta licitación y el apuro por las cien cuadras emanaban de los más altos cargos del Poder Ejecutivo y en esta obra aparecen como intermediarios el hijo de la Presidenta y José López', aseveró el fiscal.

25 millones de dólares por cien cuadras de asfalto

La licitación en cuestión, según Luciani, fue por '25 millones de dólares para hacer cien cuadras' y la obra fue adjudicada a la empresa Kank y Costilla, que dijo que estaba bajo control de Lázaro Báez.

Luciani abrió la tercera jornada del alegato en la causa por la obra pública adjudicada a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 analizando una por una las circunstancias en que fueron adjudicados cada uno de los contratos.

Luciani inició el análisis a partir de qué empresas ofertaron para cada llamado a licitación para concluir que firmas del Grupo Austral, propiedad del imputado Lázaro Báez competían entre sí y contaban con la colaboración de otras que no le pertenecían para 'simular· la legalidad de la licitación.

El fiscal insistió en calificar como 'ficción'· a cada proceso de licitación e hizo hincapié en los tiempos cortos para las adjudicaciones de las obras y la falta de controles sobre el cumplimiento de la ejecución.

En ese sentido, destacó que ninguna de las obras asignadas al Grupo Austral cumplió con los plazos fijados originalmente.