Impugnan la candidatura de Espert y se complica su futuro

La candidatura presidencial de José Luis Espert volvió a sufrir un revés luego de que un partidario de Unite –el sello por el que compitió Amalia Granata en Santa Fe y que había conseguido para presentarse el economista a las elecciones– impugnó su candidatura ante la Justicia. 

La impugnación, que pone en duda otra vez la candidatura de Espert, fue presentada por Gabriel Molina, un desconocido militante de ese espacio. Según el documento que presentó ante la Justicia, Molina asegura que ya había presentado su candidatura presidencial por Unite ante la Junta Electoral Partidaria y denuncia que se la dieron de baja y fue reemplazada por la de Espert, que lleva como compañero de fórmula al periodista Luis Rosales. 

En el escrito, Molina dice que, "según rumores", la decisión de apartarlo se habría producido por "un ofrecimiento monetario a la Junta Promotora de ese partido", y además, argumenta que el partido le "impidió la competencia" a pesar de haber presentado la documentación y listas para ir hacia adelante.

Por eso pide a la Justicia que se emita un cautelar que suspenda la candidatura de Espert hasta que la Justicia defina si finalmente será impugnada. Otro de los argumentos que esgrime es que el economista se manifestó "a favor del aborto" y que el partido Unite es contrario a la despenalización. 

En el pasado martes, Espert había recurrido al sello electoral con el que compitió Granata para mantenerse en la carrera electoral, aunque aún resta la autorización de la Justicia. De este modo, buscó ratificar su participación en la contienda que quedó en la mira desde el sábado por la decisión de Alberto Asseff de presentarse como candidato por el oficialismo: el dirigente es titular del partido UNIR, el único en el frente Despertar en condiciones de participar a nivel nacional.

A esto se suma la situación de su partido en la provincia de Buenos Aires, donde ninguno de los candidatos a diputados nacionales, gobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales y consejeros escolares fue aceptado por la Justicia, debido a que el DNI con el que figuran está mal inscripto. El economista denunció en este caso que los datos fueron "adulterados".